Marlaska quiere vaciar las prisiones aunque sabe que un tercio de los excarcelados reincide

La tragedia de Lardero ha dejado en evidencia la política buenista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para favorecer las excarcelaciones. La orden de promover los terceros grados es tónica habitual entre los objetivos del departamento, como demuestran numerosas instrucciones a los directores de prisiones e, incluso, las comparecencias públicas de sus responsables. No obstante, al mismo tiempo, el Gobierno conoce bien el fracaso de la reinserción que tanto promueve. Entre mensajes sobre la dureza de las penas de prisión y la petición para acelerar las salidas de la cárcel, el Gobierno admite que la reincidencia de los excarcelados es elevada: hasta un tercio vuelve a delinquir en los doce años siguientes, según las cifras aportadas por el propio Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados, en 2019.

Así lo reconoció el departamento de Marlaska al Parlamento, en una respuesta por escrito al diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. En esa respuesta, el Gobierno destaca que la media de duración de las penas en España es de 18 meses y que el porcentaje acumulado de reincidencia de quienes salen de prisión se sitúa en el 31,63% en los siguientes 12 años. Gutiérrez planteó al Gobierno una batería de preguntas haciéndose eco de una información que apuntaba a que el Ministerio del Interior había previsto un aumento de liberaciones de presos superior al de años precedentes con programas de penas y medidas alternativas a la prisión.

Tanto Marlaska como su responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se han jactado en numerosas ocasiones de vaciar las cárceles.

De hecho, como reveló este periódico, Ortiz lo hizo en el propio Congreso de los Diputados apenas dos días antes del asesinato del pequeño Álex a manos de Francisco Javier Almeida, quien en febrero de 2020 había obtenido el tercer grado gracias a Prisiones y en contra de la mayoría de la junta de tratamiento de la cárcel.

«Para que conozcan los datos en su integridad, en el año 2011 había en España 66.000 internos y 22.000 funcionarios, diez años después en el año 2021 en España hay 46.000 internos, es decir, 20.000 internos menos, y 24.000 funciones, dos mil funcionarios más que en el año 2011», señaló el jefe de las cárceles en una comparecencia en la Comisión de Interior. El secretario general de Instituciones Penitenciarias destacó que «uno de los compromisos asumidos» por su departamento ha sido el de «favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad».

El detenido por el crimen del pequeño de Lardero, Francisco Javier Almeida, mató a una mujer en 1998 pero se agarró a las discrepancias en la junta de tratamiento para recurrir ante Instituciones Penitenciarias el rechazo a concederle el tercer grado. El organismo resolvió su semilibertad basándose en «buen comportamiento». En abril de 2020, salió de la cárcel.

Más terceros grados

Como informó también OKDIARIO, el Ministerio del Interior evidencia su política sobre el cumplimiento de las penas de prisión también en los Presupuestos Generales del Estado, ahora en tramitación parlamentaria. De acuerdo al detalle de las cuentas públicas, el número de penados en tercer grado ha ido aumentando con el actual Gobierno en los últimos años pasando de un 16% (en relación al total de internos) presupuestado para 2021 al 17% el año que viene. En 2020, esa cifra era del 14,40%.

Los Presupuestos -como ocurría en anteriores ocasiones- dedican un apartado específico a las «penas y medidas alternativas» a la cárcel, donde se recoge el interés en que éstas se «potencien». Para ello, Interior ve necesario «un cambio en los modos tradicionales de gestión penitenciaria, históricamente centrada en el medio cerrado» hacia «un modelo que potencie y maximice la gestión y el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la prisión, libertad condicional, etc. por ser éstas las que conllevan un más alto grado de eficacia en la consecución de objetivos rehabilitadores».

Ofensiva del PP

La polémica por el caso de Lardero ha protagonizado este miércoles parte de la sesión de control al Gobierno. El Partido Popular ha lanzado una ofensiva para exigir al Gobierno que asuma responsabilidades por su política en favor de los terceros grados. Pablo Casado ha preguntado directamente a Pedro Sánchez si va a cesar a Grande-Marlaska «por los terceros grados y por el asesino y violador que salió a la calle, cuando no tenía recomendado que saliera».

Más tarde, el propio ministro del Interior ha defendido el tercer grado dado al detenido de Lardero porque al ser restringido le impedía «salir del CIS» (Centro de Inserción Social). Marlaska ha atacado a PP y Vox, calificándoles de «ignorantes».

El diputado popular por La Rioja Javier Merino Martínez le ha hecho responsable del tercer grado concedido pese a que seis de nueve miembros de la Junta de Tratamiento se opusieron.

«España pide justicia, todos pedimos justicia», ha reprochado Merino, recordando que vive en Lardero «a cien metros del asesino» y que pasea con sus hijas por el parque «donde andaba suelto» el detenido por matar al pequeño Álex